Dicho artículo, que hace referencia a la vigilancia de los contenidos por parte de las plataformas de contenidos, había generado controversias y algunos países como España apuntaban a la necesidad de directrices para proceder a la transposición a los ordenamientos nacionales, cuya fecha límite se cumplía el pasado 7 de junio.

Esta publicación se produce en un momento en el que la situación del proceso de transposición varía en función del país, tal y como recoge el Instituto de Autor, con interpretaciones que han generado tanto rechazo (caso de Alemania) como adhesiones (Francia o Países Bajos) por parte de la industria de la música. Y también posicionamiento desde asociaciones de intérpretes y compositores, como ECSA, que ha aprovechado para publicar un documento de posicionamiento en el que reivindica el papel que puede jugar la transposición de la Directiva en la defensa de los derechos de los autores. O GESAC, que se ha pronunciado sobre la publicación de la guía para posicionarse en contra de la misma y reclamar una mayor celeridad en los plazos de transposición a los distintos territorios.

A este respecto, la plataforma ha cifrado en $4bn la cantidad de royalties distribuida durante los últimos 12 meses, indicando que un 30% de esa cifra se ha generado por los vídeos de los propios usuarios. YouTube pretende responder así a las críticas que habitualmente la apuntan como principal responsable de la brecha de valor, señalando su aspiración de convertirse en la plataforma que más ingresos genere para la industria de la música (actualmente cifrada en los $5bn que durante 2020 generó Spotify), pero sin entrar en el detalle en la distribución entre los distintos agentes.

De forma casi simultánea, YouTube ha ampliado el lanzamiento de Shorts al Reino Unido, Canadá y Latinoamérica, lo que sumado a la creación de un fondo para creadores representa una apuesta decidida por tratar de competir en la dominación del vídeo corto, aún lejos de plataformas como TikTok, Triller o Snap.

Se reactiva la oferta de conciertos en vivo y la demanda de entradas por parte de los usuarios. Según datos de Bandsintown, la cantidad de conciertos ofertados en su sitio ha aumentado de 87.000 a principios de 2021 a más de 222.000 en la actualidad, el 78% de los cuales se celebrarán antes de fin de año. Y durante el mes de mayo, tuvieron entre 250.000 y 550.000 usuarios por día accediendo a su página para comprar entradas.

Estas cifras suponen un avance frente a anteriores estudios, como el llevado a cabo por Bankrate, que apuntaba en el mes de abril que solo el 16% de los encuestados habían comprado entradas para asistir a un evento en vivo, con una fuerte variación generacional; o la encuesta sobre hábitos de consumo post-pandemia realizada por HealthCareInsider, según la que la asistencia a eventos de entretenimiento en vivo era una de las actividades que más recelo generaba entre los consumidores.

Ahora, la polémica da un paso más ya que miembros del partido demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos han remitido una carta a Daniel Ek que podría significar el inicio de una investigación preliminar sobre el “Discovery Mode”. Como motivos principales, se pone en duda que el sistema sea legal, ya que limita la capacidad de elegir de los consumidores y además se plantea que el sistema socaba la remuneración de los artistas y titulares de los derechos.

Destinado a funcionar como herramienta de archivo y recomendación de música a partes iguales, el explorador no solo permite a los usuarios buscar reseñas por nombre de artista entre las más de 28.000 que tiene publicadas, sino que también reúne a artistas similares en función de los datos de Spotify para recomendar reseñas similares del catálogo anterior de Pitchfork.